En este número de Jurisprudencia al Detalle centramos nuestro análisis jurisprudencial en el estudio de las medidas de flexibilidad interna que pueden adoptar las empresas en sus plantillas con motivo de
las distintas situaciones coyunturales o de crisis, como la que estamos viviendo, y por las que pueden verse afectadas, teniendo que adaptar su productividad y sus costes ?entre ellos los del personal de la plantilla? a la nueva realidad al tener pérdidas y flexibilizar las condiciones laborales de sus trabajadores en un intento de disminuir el impacto global, buscando alternativas a la destrucción de empleo y ajustando la producción y las jornadas laborales.
De esta forma, esta selección trata de ser una herramienta útil y práctica para resolver muchas de las cuestiones presentes en el día a día de los operadores jurídicos.

El delito de agresión sexual se define como el atentado a la libertad sexual de otra persona usando violencia o intimidación y se recoge en los arts. 178 a 180 y 183 del Código Penal. Su regulación es muy sencilla, siendo la jurisprudencia quien ha integrado los conceptos que se enuncian en el articulado.
Además del tipo básico y sus elementos, nos encontramos un tipo agravado y otros hiperagravados por las especiales circunstancias. ¿En qué casos podemos decir que se da la violencia o intimidación típica? ¿Qué elementos definen los diferentes tipos penales? ¿De qué manera se prueba el delito si ocurre en la intimidad? ¿Cómo se fija la responsabilidad civil por daño moral? En el estudio jurisprudencial del presente Cuaderno se analizan estas cuestiones, entre otras, a través de las opiniones recogidas por nuestros jueces y tribunales en sus resoluciones.

Estadísticamente, el monitorio es uno de los procedimientos más utilizados de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Regulado en los arts. 812 a 818 de la norma rituaria, ya tenía una gran tradición en el derecho comparado y podemos afirmar que tiene ya también una enorme popularidad en nuestro territorio.
Su escasa regulación legal, contenida solo en siete artículos, plantea múltiples problemas interpretativos aún no resueltos, de forma uniforme, 20 años después de que entrara en vigor la Ley de Enjuicimiento Civil.
Es muy rica la casuística de los distintos documentos que pueden abrir la posibilidad de este procedimiento, y desde luego son muchos los problemas que suscita la fijación de la competencia territorial. Determinar qué domicilios son válidos o no, el domicilio desconocido, sus cambios y, en definitiva, la falta de localización del deudor y la doctrina del ?deudor volátil?, ahora recogida legalmente, es esencial para evitar el fracaso del mismo.
Por otro lado, los requisitos de la deuda también han dado lugar a múltiples resoluciones judiciales, ya que, pese a la eliminación del límite cuantitativo, son variadas las cuestiones controvertidas referentes al vencimiento, liquidez y determinación de la misma, la procedencia o no de intereses y el nuevo trámite de abusividad, tras las reforma del año 2015, del art. 815.4 ha dado lugar a muchos pronunciamientos judiciales.
Finalmente, la transformación en declarativo sigue dando lugar a distintos monitorios en función del Juzgado en el que nos encontremos. Y es que determinar la vinculación del monitorio con el ordinario o verbal posterior, fijar las posibilidades alegatorias, complementarias y probatorias depende muchas veces del criterio interpretativo de cada Juzgador.
Para abordar estas cuestiones y otras muchas, hemos preparado esta Guía en la que, junto con un artículo doctrinal y dos encuestas que abordan algunos de los problemas más frecuentes de este procedimiento, recogemos un esquema que permite su seguimiento ágil, una selección de la jurisprudencia más relevante sobre los temas más polémicos y, finalmente, los formularios más frecuentes que se han de presentar durante el desarrollo del procedimiento, lo que convierte esta Guía en una herramienta de trabajo esencial para todos los profesionales.

El desarrollo normativo producido por la pandemia ha girado en torno a medidas de flexibilidad interna, teniendo como objetivo estabilizar el empleo, evitar la destrucción de puestos de trabajo y la capacidad productiva del tejido empresarial. La obra realiza un estudio pormenorizado de la prórroga de las medidas adoptadas previstas en el art. 23 RDL 8/2020 y de las nuevas relativas a las suspensiones y reducciones de jornada por fuerza mayor y causas económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculadas con el COVID-19, así como de las medidas extraordinarias vinculadas a las mismas en materia de protección por desempleo y cotizaciones.

Estadísticamente, el monitorio es uno de los procedimientos más utilizados de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Regulado en los arts. 812 a 818 de la norma rituaria, ya tenía una gran tradición en el derecho comparado y podemos afirmar que tiene ya también una enorme popularidad en nuestro territorio.
Su escasa regulación legal, contenida solo en siete artículos, plantea múltiples problemas interpretativos aún no resueltos, de forma uniforme, 20 años después de que entrara en vigor la Ley de Enjuicimiento Civil.
Es muy rica la casuística de los distintos documentos que pueden abrir la posibilidad de este procedimiento, y desde luego son muchos los problemas que suscita la fijación de la competencia territorial. Determinar qué domicilios son válidos o no, el domicilio desconocido, sus cambios y, en definitiva, la falta de localización del deudor y la doctrina del ?deudor volátil?, ahora recogida legalmente, es esencial para evitar el fracaso del mismo.
Por otro lado, los requisitos de la deuda también han dado lugar a múltiples resoluciones judiciales, ya que, pese a la eliminación del límite cuantitativo, son variadas las cuestiones controvertidas referentes al vencimiento, liquidez y determinación de la misma, la procedencia o no de intereses y el nuevo trámite de abusividad, tras las reforma del año 2015, del art. 815.4 ha dado lugar a muchos pronunciamientos judiciales.
Finalmente, la transformación en declarativo sigue dando lugar a distintos monitorios en función del Juzgado en el que nos encontremos. Y es que determinar la vinculación del monitorio con el ordinario o verbal posterior, fijar las posibilidades alegatorias, complementarias y probatorias depende muchas veces del criterio interpretativo de cada Juzgador.
Para abordar estas cuestiones y otras muchas, hemos preparado esta Guía en la que, junto con un artículo doctrinal y dos encuestas que abordan algunos de los problemas más frecuentes de este procedimiento, recogemos un esquema que permite su seguimiento ágil, una selección de la jurisprudencia más relevante sobre los temas más polémicos y, finalmente, los formularios más frecuentes que se han de presentar durante el desarrollo del procedimiento, lo que convierte esta Guía en una herramienta de trabajo esencial para todos los profesionales.

El desarrollo normativo producido por la pandemia ha girado en torno a medidas de flexibilidad interna, teniendo como objetivo estabilizar el empleo, evitar la destrucción de puestos de trabajo y la capacidad productiva del tejido empresarial. La obra realiza un estudio pormenorizado de la prórroga de las medidas adoptadas previstas en el art. 23 RDL 8/2020 y de las nuevas relativas a las suspensiones y reducciones de jornada por fuerza mayor y causas económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculadas con el COVID-19, así como de las medidas extraordinarias vinculadas a las mismas en materia de protección por desempleo y cotizaciones.

Sin que exista una normativa específica para las reclamaciones derivadas de hechos de la circulación, tras las últimas reformas legislativas, la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas no se ha alterado sustancialmente respecto de la ordenación anterior. Por ello, en esta selección se pueden encontrar tanto resoluciones anteriores como posteriores, que han ido conformando las fronteras de los criterios para realizar una correcta reclamación por accidente de tráfico cuando una de las partes involucradas es algún organismo perteneciente o relacionado con la Administración o el siniestro ha sido consecuencia de su funcionamiento. Así, a través de las distintas resoluciones judiciales se analizan tanto los aspectos procesales como los principios, los requisitos o los sujetos integrantes, además de su posible concurrencia, sin olvidar los motivos regulados de exoneración de responsabilidad.

El autor, máximo experto en la materia, actualiza de manera importante su obra adaptándola a las últimas resoluciones de Juzgados y Tribunales, y, en concreto, a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2019, que ha declarado inconstitucional el impuesto, cuando sea confiscatorio, así como a las Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2020, sobre la declaración de nulidad de las liquidaciones firmes de plusvalía municipal. Por otro lado, realiza un exhaustivo análisis de la última jurisprudencia dictada sobre las distintas formas de acreditar, en cada caso, la inexistencia de incremento de valor del terreno, así como de la posibilidad de reclamar la devolución del impuesto basándose en errores en su valoración catastral.

Desde la declaración del estado de alarma en marzo de 2020, se han aprobado diversas normativas en el ámbito de los arrendamientos urbanos que han resultado insuficientes. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre el arrendador y el arrendatario, muchos acuden a los Tribunales alegando la situación imprevisible causada por la crisis COVID-19 y la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, especialmente en los locales de negocio ante el cierre o recorte en su aforo. Así pues, presentamos un análisis exhaustivo de las sentencias sobre esta cuestión. Por un lado, aquellas que afectan concretamente a los contratos de arrendamientos, mostrando los primeros Autos de los Juzgados de 1.ª Instancia, admitiendo o no las medidas cautelares solicitadas. Por otro lado, las resoluciones referidas a otro tipo de contratos, en su gran mayoría del Tribunal Supremo, cuya argumentación resulta sumamente interesante para preparar y alegar motivos en la demanda.

La declaración del estado de alarma decretada por el Gobierno para hacer frente a la pandemia ha restringido los derechos básicos de los españoles, empezando por la libertad de circulación por el territorio nacional. Sin embargo, a los tres meses de decretarse, ya se habían producido 1,2 millones de propuestas de sanciones a ciudadanos por burlar las medidas del estado de alarma y 9.000 detenciones por ese mismo motivo. Con todo, el modelo sancionador elegido dista mucho de ser el adecuado en relación con las conductas perseguidas, al haberse optado por la normativa sobre seguridad en detrimento de las leyes sectoriales de carácter sanitario. En esta monografía, se realiza un análisis del sistema sancionador durante la pandemia, así como del delito de resistencia y desobediencia a la autoridad.